Alerta sindical

Ciudad de México, 30 de septiembre de 2020

Por Víctor Alvarado

A los compañeros del Sindicato de Trabajadores de la Cámara de Diputados
del H. Congreso de la Unión
A la base trabajadora de la Cámara de Diputados
A los trabajadores sindicalizados de la FSTSE

El 19 de marzo del presente año, cuando inició el confinamiento por la pandemia, fuimos convocados los compañeros del Sindicato de Trabajadores de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, a participar en una manifestación pública para tratar dos temas. El primero para volver a solicitar respuesta, diálogo y comunicación, por parte de nuestra representación a la actual administración de la Cámara de Diputados, que reiteradamente ha mostrado negativa, desdén y renuencia para el desahogo de múltiples asuntos de suma relevancia para la base trabajadora. El segundo tema, y el más preocupante, se refirió a la legítima protesta en contra de una perniciosa iniciativa en materia escalafonaria sindical promovida desde las entrañas del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, que de ser aprobada afectaría a centenas de miles de trabajadores al servicio del Estado.

El artículo 62 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, en materia de escalafón burocrático, establece que:

Las plazas de última categoría de nueva creación o las disponibles en cada grupo, una vez corridos los escalafones respectivos con motivo de las vacantes que ocurrieren, y previo estudio realizado por el Titular de la Dependencia, tomando en cuenta la opinión del Sindicato, que justifique su ocupación, serán cubiertas en un 50% libremente por los Titulares y el restante 50% por los candidatos que proponga el Sindicato.

Los aspirantes para ocupar las plazas vacantes deberán reunir los requisitos que para esos puestos, señala cada una de las Dependencias.[1]

En contraparte, la referida iniciativa de los diputados del PT está centrada en “eliminar la posibilidad de que los sindicatos puedan hacer propuestas para ocupar las nuevas plazas que se generen al interior de las dependencias” [2], dejando esta facultad únicamente a las autoridades de las dependencias, violando la ley e intentando romper el equilibrio actualmente establecido en la ley.

Justifican su iniciativa desacreditando a esta importante ley[3] por el hecho de que fue promulgada en 1963, como si la edad de una norma pudiera variar o anular los preceptos incluidos en ella. Además, tampoco mencionan, estos diputados, que dicho artículo 62 fue reformado en 1980[4], 17 años después de ser promulgada la ley, y aprobada en la Cámara de Diputados,[5] el 21 de diciembre de 1979, con 332 votos en pro y 13 en contra.

Los motivos de aquella reforma obedecieron a la necesidad de adecuar el procedimiento para la selección y nombramiento del personal federal destinado a ocupar plazas disponibles cuando ya se han aplicado los sistemas escalafonarios, y a “considerar la importancia de racionalizar el incremento del personal al servicio del Estado, por encima de su capacidad y necesidades reales, y la conveniencia de que en este proceso de reclutamiento, tengan una efectiva participación las representaciones sindicales”, además, de mejorar “las relaciones de los titulares respectivos con sus trabajadores, porque está basada en la necesidad de corresponsabilizar a quienes se han encomendado las tareas públicas y en la voluntad de compartir las decisiones que propicien una mejor administración.”[6]

Al parecer, los diputados promoventes de la iniciativa que intenta afectar a todo el sector laboral del Estado no indagaron u omitieron deliberadamente estos importantísimos motivos y argumentos.

Como ya enunciamos, el referido artículo 62 actualmente tiene por preceptos que, una vez corridos los escalafones, se dé participación equitativa de las plazas entre dependencias y sindicatos, mejorando sus relaciones, y compartiendo decisiones y responsabilidades. Y lo más importante, es que se atienda el derecho de los trabajadores de intervenir en los asuntos que les conciernen.

La reforma de 1980 también contempló otros motivos importantes, por ejemplo, el que “no debe quedar en manos de los titulares la facultad de suprimir las plazas de última categoría, lo cual podría causar graves quebrantos a la Administración Pública y al propio tiempo reducir la membresía de los sindicatos en forma arbitraria.”[7]

En la historia de nuestro país, los movimientos obreros, sindicales y laborales han representado una extensa tradición de defensa de los derechos universales y de luchas intensas en contra de abusos, marginación, desigualdad e injusticias sociales; miles de obreros y trabajadores se sacrificaron y murieron en este prolongado proceso de batallas, como para que ahora un tercero pretenda destruir o eliminar de un plumazo, todos los derechos y conquistas laborales conseguidos y consagrados ya en los tratados internacionales, así como en nuestra propia constitución y leyes.

La iniciativa del PT habla de un supuesto respeto a la autonomía de los sindicatos de todo el país, sin embargo, el día de la manifestación, sus promoventes salieron furibundos y supuestamente indignados a declarar públicamente, y a justificar su propuesta, con insultos y falsedades, de manera irrespetuosa, sin ningún fundamento y con una serie de dichos e imprecisiones dolosas e incongruentes, entrometiéndose directamente con la autonomía de nuestra organización sindical, cuando se supone que este partido surgió con el fin de respaldar las causas legítimas de obreros y trabajadores, y por lo tanto, de respaldarlas y no de afectarlas.

Para el conocimiento de estos diputados, las leyes vigentes en materia de transparencia y rendición de cuentas ya incluyen a los sindicatos como sujetos obligados, además, todo gasto ejecutado está previamente presupuestado y autorizado por los titulares y diputados de los diferentes órganos de gobierno y de la administración de la Cámara de Diputados. Por otra parte, la ley ya contempla también elecciones sindicales por medio de voto libre y secreto. Nuestro gremio es pionero en la materia, el estatuto que nos rige observa, desde hace décadas, la no reelección, el voto libre y secreto, y un proceso que otorga garantías igualitarias para legitimar a miembros y representantes electos, esto, sin ningún tipo de imposición o injerencia partidistas.

Si con su iniciativa pretenden estos legisladores que se logre una correcta administración pública, deben abstenerse de incrementar el presupuesto por la creación de nuevas plazas, sin haber consultado la opinión del sindicato, tal como lo marca la ley.

Los trabajadores del Estado son parte medular del funcionamiento del aparato burocrático. Los diputados son representantes del pueblo; son elegidos para llevar la voz, inquietudes y necesidades de todos los sectores a la máxima tribuna de la nación. Esto significa, que están obligados a respetar la ley, y a defender y garantizar los derechos, principalmente aquellos que, a través de luchas y sacrificios colectivos, ya se han conquistado.

Y para que estén enterados, nuestro gremio cuenta con una trayectoria de casi 85 años de lucha y de trabajo institucional; sus miembros y comités han velado siempre por el respeto irrestricto de los derechos de sus agremiados y de la base trabajadora, se ha conducido siempre de manera diligente y respetuosa de la ley para colaborar a lo largo del tiempo con su experiencia y fuerza laboral en todas las áreas de la Cámara de Diputados, sin importar colores e ideologías, en un ámbito de mutua cortesía entre titulares, diputados y trabajadores, y honrando a la institución como espacio plural de convergencia nacional.

Los trabajadores sindicados, como parte de la sociedad, estamos obligados a defender a toda costa las conquistas alcanzadas, los derechos sociales, la estabilidad y la tranquilidad por la que ahora transitamos, en beneficio del gremio y de nuestras familias; tenemos el pleno derecho de ejercer nuestra democracia y de protestar libremente en contra de iniciativas que sólo obedecen a intereses particulares o cupulares de unos cuantos en detrimento de una enorme colectividad, asimismo, tenemos derecho de exigir, a quien sea, que no se entrometa y afecte nuestra autonomía y vida sindicales; que se respeten la ley, los derechos y todas las conquistas laborales.

Si tienes algún comentario o sugerencia puedes escribir a: contacto@victoralvarado.mx

[1] http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/111_010519.pdf
[2] http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/mar/20200318-V.html#Iniciativa11
[3] http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lftse/LFTSE_orig_28dic63_ima.pdf
[4] http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lftse/LFTSE_ref12_15ene80_ima.pdf
[5] http://cronica.diputados.gob.mx/DDebates/51/1er/Ord/19791221.html
[6] Ibid.
[7] http://cronica.diputados.gob.mx/DDebates/51/1er/Ord/19791219.html